La incautación de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide, Guanajuato, abrió una disputa entre la Fiscalía General de la República (FGR) y Grupo SIMSA, empresa que opera la terminal donde fue localizado el hidrocarburo.
Ante el reclamo de la compañía, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR explicar qué irregularidades motivaron el aseguramiento y determinar si existía alguna actividad ilegal.
“La Fiscalía tiene que informar si había alguna actividad ilegal o cuáles son las actividades, o qué es lo que llevó al aseguramiento de este lugar”, afirmó la mandataria durante su conferencia de este lunes.
El operativo fue realizado por la delegación de la FGR en Guanajuato. Posteriormente, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación debido a la complejidad del caso.
¿Qué dice cada parte?
Grupo SIMSA aseguró que la operación de su terminal de almacenamiento es “completamente lícita y verificable” y que cuenta con permisos para almacenar petrolíferos.
La FGR, por su parte, informó que las empresas relacionadas con el combustible todavía no han presentado documentación que permita acreditar de manera completa su origen, manejo y destino legal. La dependencia mantiene diligencias para revisar documentos, entrevistar a directivos y establecer la trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.
Por ello, el aseguramiento no significa que la responsabilidad de la empresa esté determinada. La investigación deberá establecer de dónde provino el combustible, quién es su propietario y si existieron irregularidades en su manejo.
Sheinbaum insistió en que será la propia Fiscalía la que deberá dar a conocer los resultados de las indagatorias, al tratarse de una investigación bajo su competencia.
JCSC
