La investigación federal contra los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna por una presunta red de huachicol fiscal apunta a que el esquema habría operado con apoyo de servidores públicos colocados en puestos estratégicos dentro de la administración.
De acuerdo con la causa penal, ambos habrían gestionado ascensos, promociones y movimientos de personal con el objetivo de mantener influencia en áreas relacionadas con el ingreso, salida y traslado de hidrocarburos en el país.
Las autoridades investigan posibles delitos como tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y delincuencia organizada.
El caso tomó fuerza tras el aseguramiento, en marzo de 2025, del buque Challenge Procyon en Tamaulipas, donde fueron localizados alrededor de 10 millones de litros de diésel. A partir de ese operativo, las indagatorias se ampliaron hacia una estructura que presuntamente facilitaba la entrada y movilización de combustible ilegal.
La investigación alcanza a 16 personas, entre ellas 12 exservidores públicos y cuatro trabajadores de empresas relacionadas con el transporte de combustibles.
También están bajo revisión los movimientos patrimoniales de los hermanos Farías Laguna, luego de que autoridades detectaran diferencias entre los ingresos reportados ante la Secretaría de Marina y los declarados ante el Servicio de Administración Tributaria.
En el caso de Fernando Farías Laguna, las indagatorias financieras señalan inconsistencias entre 2020 y 2024, además de operaciones patrimoniales consideradas inusuales.
Fernando Farías fue detenido en Argentina en abril de 2026 y posteriormente trasladado a México, mientras que Manuel Roberto también enfrenta proceso penal. Las acusaciones deberán ser acreditadas ante un tribunal.
La investigación busca ahora establecer hasta dónde habría llegado la presunta red, qué funcionarios fueron colocados en posiciones clave y qué operaciones habrían facilitado..
JCSC
