Casi 800 trabajadores tabasqueños recibieron la cancelación de sus hipotecas durante una jornada encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez y el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, con la que obtuvieron certeza jurídica sobre sus viviendas, luego de haber concluido el pago de sus créditos.
Durante el acto, el mandatario estatal señaló que, pese a cumplir con sus obligaciones financieras, durante años las familias tuvieron que enfrentar trámites adicionales para acreditar que sus propiedades estaban libres de gravamen, situación que calificó como injusta.
“Cuando una persona termina de pagar su crédito tiene derecho a la seguridad de que su propiedad está libre de gravamen; sin embargo, durante mucho tiempo, conseguir los documentos que la avalan se convirtió en una carga adicional para los trabajadores”, expresó.
Afirmó que esta situación debe quedar atrás y que las instituciones deben garantizar los derechos de los trabajadores por encima de los obstáculos burocráticos. En ese sentido, reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar acciones que brinden seguridad jurídica sobre el patrimonio de las familias.
“Se trata de una justicia para quienes, durante años, cumplieron con responsabilidad y también cumplieron con sus obligaciones; es un esfuerzo que merece ser reconocido”, sostuvo.
May Rodríguez también destacó la coordinación con el Gobierno federal y los ayuntamientos para impulsar los programas de vivienda. Informó que la meta del Infonavit en Tabasco es construir 40 mil casas, aunque mantiene conversaciones con Octavio Romero Oropeza para elevarla a 50 mil.
A esta cifra se sumarían 20 mil viviendas mediante la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y otras 20 mil por parte del Gobierno estatal, para alcanzar una proyección de 90 mil casas durante el sexenio.
Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que el programa Vivienda para el Bienestar contempla, entre sus ejes, la construcción de casas para derechohabientes con ingresos de entre uno y 2.1 salarios mínimos.
Recordó que Tabasco fue el primer estado en firmar un acuerdo para reducir el costo de las viviendas, gracias al respaldo del gobernador y de los presidentes municipales. No obstante, reconoció que fue necesario aplicar mayores ajustes para hacerlas más accesibles.
“Le bajamos el costo de la vivienda, pero no era suficiente, necesitábamos bajarle más”, señaló.
El funcionario explicó que el Instituto utiliza los ahorros de los derechohabientes para financiar la construcción sin trasladarles el costo financiero, además de negociar con las empresas constructoras para reducir sus márgenes de utilidad a cambio de edificar un mayor número de viviendas.
“Hoy esas viviendas que valen más de 1 millón 200 mil pesos se les están entregando a los derechohabientes a un poquito menos de la mitad de su precio comercial”, afirmó.
Agregó que el 75 por ciento de quienes están adquiriendo estas casas son jóvenes, mientras que el 53 por ciento son mujeres, principalmente jefas de familia y también indicó que el 90 por ciento de los compradores percibe entre uno y 1.9 salarios mínimos.
“Con estas viviendas le estamos tirando a lo grande, a ayudar a los que menos tienen, a la gente más desprotegida”, manifestó.
En materia de créditos, Romero Oropeza informó que al asumir la dirección del Instituto encontraron 4 millones 853 mil derechohabientes con financiamientos considerados impagables.
Explicó que se emprendió un proceso de reestructuración que incluyó reducciones de tasas de interés, eliminación de mensualidades y ajustes para hacer los créditos pagables, con el propósito de evitar que las familias perdieran sus propiedades.
Detalló que, como resultado de estas modificaciones, 600 mil personas ya no deben nada de sus créditos.
Añadió que la entrega de las cancelaciones de hipoteca representa el último paso para quienes liquidaron sus adeudos, pero no habían podido liberar legalmente sus viviendas ante el Registro Público de la Propiedad, ya fuera por falta de recursos, desconocimiento o por la complejidad del trámite.
En tanto, la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, reconoció que estas acciones permiten a las familias tener tranquilidad sobre un patrimonio construido durante años de esfuerzo, al contar finalmente con la liberación del gravamen y la certeza jurídica de sus hogares.
LILIANA COLLADO
