México ha avanzado de manera importante en inclusión financiera durante los últimos años. Hoy, 77% de la población cuenta con al menos un producto financiero formal y el uso de aplicaciones móviles para realizar operaciones bancarias pasó de 54% a 69% entre 2021 y 2024. Sin embargo, detrás de estos avances existe una paradoja que merece mucha más atención: el país ha avanzado más rápido en digitalización financiera que en educación financiera.
La propia Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 reconoce que el índice de alfabetización financiera prácticamente no ha mostrado cambios significativos desde 2018. Es decir, millones de personas hoy tienen acceso a cuentas, tarjetas, créditos y plataformas digitales, pero eso no necesariamente significa que comprendan plenamente cómo funcionan o cómo utilizarlos de manera responsable.
Ahí se encuentra uno de los grandes desafíos del sistema financiero mexicano. Durante años pensamos que la inclusión financiera consistía únicamente en incorporar a más personas al sistema formal. Y aunque ampliar el acceso era indispensable, hoy resulta evidente que el acceso por sí solo no garantiza bienestar financiero.
De hecho, los datos reflejan esa contradicción. A pesar del crecimiento de productos y servicios financieros, el efectivo sigue dominando buena parte de la economía cotidiana: 85% de las compras menores a 500 pesos todavía se realizan en efectivo. Incluso, una parte importante de la población continúa recurriendo al ahorro informal como principal mecanismo de protección financiera.
Esto demuestra que la verdadera inclusión financiera no ocurre cuando alguien recibe una tarjeta, abre una cuenta o descarga una aplicación. La verdadera inclusión ocurre cuando las personas entienden cómo administrar un crédito, cómo evitar el sobreendeudamiento, cómo construir historial financiero y cómo utilizar las herramientas financieras para mejorar su patrimonio presente y futuro.
Una tarjeta de crédito puede ser una herramienta extraordinaria para construir historial, ordenar gastos o atender emergencias. Pero también puede convertirse rápidamente en un problema financiero cuando no existe claridad sobre tasas de interés, pagos mínimos o consecuencias de incumplimiento.
Y éste es un tema de estabilidad económica; porque una población financieramente informada toma mejores decisiones, reduce riesgos de incumplimiento, fortalece la relación con las instituciones y genera un ecosistema financiero más sano y resiliente.
Por eso la educación financiera debe asumirse como una responsabilidad compartida. Las familias tienen un papel fundamental en la formación de hábitos financieros básicos. Las escuelas enfrentan el reto pendiente de incorporar herramientas útiles para la vida cotidiana. Las empresas pueden contribuir a mejorar las capacidades financieras de sus colaboradores. Y las autoridades, asociaciones e instituciones financieras deben impulsar productos más claros, comunicación más sencilla y herramientas verdaderamente accesibles.
En días recientes, durante un diálogo entre integrantes de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX), la secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Manola Zabalza y el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Dip. Carol Altamirano, surgió precisamente una coincidencia relevante: el futuro del sistema financiero mexicano no dependerá únicamente de incorporar a más personas al sistema financiero, sino de lograr que esa inclusión genere bienestar.
México vive un crecimiento en los servicios financieros muy acelerado, pero si no viene acompañado de educación y mayor conocimiento, corremos el riesgo de construir una inclusión financiera ficticia. En otras palabras, incluir no es solamente dar acceso, trae implícito la enorme responsabilidad de enseñar, y ese es el compromiso de las instituciones financieras mexicanas.
X: @PerezSoraya
