Leonel Godoy, diputado federal de Morena y exgobernador de Michoacán, rechazó de manera contundente cualquier participación en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en septiembre de 2023. En entrevista con Fernando del Collado, el legislador calificó de falsas las acusaciones que le atribuye Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, quien lo ha señalado directamente de haber ordenado el crimen.
Godoy aseguró haberse sometido a pruebas de control de confianza durante su trayectoria pública y sostuvo que no tiene “nada que deber ni temer”. Remarcó que su carrera es “bien habida” y que “no me gusta ascender sobre heridos ni cadáveres”. Ante los señalamientos, fue tajante: “yo no he ordenado matar ni un animalito”.
Desde su perspectiva, el homicidio de Manzo tendría origen en disputas y presiones del crimen organizado, particularmente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con el legislador, la falta de acuerdos del exalcalde con grupos delictivos pudo convertirlo en un objetivo. Godoy advirtió que asumir un móvil político implicaría reconocer un nivel de violencia que desbordaría al Estado: “imagínense, vamos a tener más de 20 mil candidatos en el 2027; pensar que todos estorban nos llevaría a la barbarie”.
Más allá del caso Manzo, Godoy afirmó que Morena no perderá la gubernatura en las próximas elecciones. En su análisis, el llamado Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz, representa un desafío relevante, especialmente por su creciente visibilidad regional y su narrativa de oposición moral frente a los grupos de poder locales. Sin embargo, el exgobernador confía en que la estructura partidista y la continuidad del proyecto oficialista serán suficientes para “derrotarlos democráticamente”.
Seguridad, crimen y la disputa por la narrativa
El legislador negó pertenecer a cualquier organización criminal, reiterando que Morena es la única organización a la que está afiliado. Minimiza la relevancia de la presunta agrupación “La Barredora”, señalada en investigaciones periodísticas, calificándola de “magnificada” frente a cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa. Sobre su hermano, Julio César Godoy, actualmente prófugo, rechaza tener información sobre su paradero.
En paralelo, Godoy reconoce que Michoacán vive bajo la presión de la extorsión generalizada contra agricultores y comerciantes, así como del reclutamiento de menores por parte de células criminales, fenómeno que considera extendido a todo el país. Su diagnóstico subraya la complejidad de gobernabilidad en un estado históricamente disputado por organizaciones delictivas.
El choque discursivo entre Godoy y Quiroz no solo aborda responsabilidades en un crimen de alto impacto, sino que refleja una disputa más amplia por el relato político en Michoacán. Mientras Morena busca mantener cohesión interna y proyectar continuidad, el Movimiento del Sombrero capitaliza el descontento ciudadano frente a la inseguridad y la violencia.
El caso Manzo se inserta en un contexto donde la línea entre política y crimen organizado sigue siendo fuente de tensiones, sospechas y capital político. Señalamientos cruzados, narrativas de victimización y denuncias públicas se convierten en herramientas de competencia electoral en un estado donde la legitimidad institucional continúa erosionada.
El desenlace de esta confrontación —entre instituciones, liderazgos locales y grupos criminales— será determinante para el rumbo político de Michoacán, un territorio donde cada elección redefine las fronteras entre poder formal, poder fáctico y gobernabilidad real.
