La captura del exfuncionario, condenado por la justicia ecuatoriana, provocó una reacción inmediata del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien denunció una violación flagrante de la Convención de Viena y ordenó la retirada inmediata del personal diplomático mexicano del país andino.
La situación escaló rápidamente cuando policías ecuatorianos ingresaron a la embajada mexicana en Quito para arrestar a Glas, desatando una ola de críticas y denuncias de violación de la inviolabilidad del recinto diplomático. Mientras tanto, candidatos presidenciales en México condenaron enérgicamente la acción, respaldando la decisión del gobierno mexicano y calificándola como una afrenta al derecho internacional y a la soberanía nacional.
