Las autoridades guatemaltecas otorgaron permiso de permanencia por razones humanitarias a 161 ciudadanos mexicanos, entre ellos 69 menores de edad, que cruzaron la frontera en busca de protección tras los episodios de violencia registrados en Chiapas.
El Instituto Guatemalteco de Migración informó que 39 familias fueron entrevistadas y regularizadas bajo esta medida. Los refugiados, compuestos por 92 adultos y 69 niños, se encuentran en su mayoría en un albergue comunitario del departamento de Huehuetenango, aunque algunos han sido acogidos por habitantes de la zona o rentan viviendas.
La zona permanece bajo vigilancia de la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, rechazó que la salida de estas familias sea consecuencia de la violencia. Según su versión, se trata de parientes de 50 presuntos delincuentes que habrían huido hacia Guatemala para evadir órdenes de aprehensión por delitos graves como homicidio, desaparición y extorsión.
Llaven aseguró que las personas “migraron de manera voluntaria” y agregó que se han solicitado fichas de Interpol para la localización de los prófugos.
Especialistas advierten que Chiapas continúa afectado por la pugna entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado episodios recurrentes de desplazamiento. En 2023, un caso similar llevó a unas 600 personas mexicanas a resguardarse en Guatemala durante varios meses antes de regresar a sus comunidades.
La situación se abordó recientemente en el encuentro entre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y su homólogo guatemalteco Bernardo Arévalo, donde ambos mandatarios acordaron reforzar la seguridad en la frontera sur. La cita se dio tras tensiones diplomáticas por la incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco durante una persecución.
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