Durante 2024, en México se registraron 7 mil 975 nacimientos de niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, lo que equivale a un promedio diario de 22 partos en menores de edad, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Este fenómeno refleja una grave problemática estructural en torno a la violencia sexual infantil y la falta de mecanismos eficaces de prevención y atención por parte del Estado.
Un análisis independiente realizado por la investigadora Montserrat Mora, con base en bases de datos oficiales, revela que los estados de Chiapas, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco concentraron el 40 por ciento del total de nacimientos infantiles registrados durante el año, sumando en conjunto 3 mil 208 casos. Chiapas, en particular, encabeza la lista al presentar la tasa proporcional más alta: 28.3 nacimientos por cada 10 mil niñas de esa edad, seguido por Guerrero con una tasa de 24. Ambas entidades duplican el promedio nacional, que fue de 14.6. También figuran por encima del promedio Campeche, Chihuahua y Oaxaca.
El desglose por edad resulta alarmante. Se reportaron tres partos de niñas de apenas 10 años, 32 de 11 años, 195 de 12, mil 422 de 13 y 6 mil 323 de 14 años. Las entidades con el menor número de casos fueron Colima y Baja California Sur, con 33 y 50 partos, respectivamente.
Más allá de las cifras, el análisis arroja datos preocupantes sobre las edades de los hombres registrados como padres. En al menos 30 de los partos de niñas entre 10 y 12 años, las parejas masculinas tenían edades que oscilan entre los 13 y los 65 años. Solo en siete casos se trataba de menores de edad; en el resto, los hombres eran adultos o incluso adultos mayores. Uno de los casos más graves ocurrió en El Oro, Estado de México, donde una niña de 12 años dio a luz a un hijo de un hombre de 65. En Texcoco, se documentó el embarazo de una niña de 10 años, producto de una relación con un adulto de 32.
Frente a estos datos, organizaciones civiles como Reinserta han reiterado que los embarazos infantiles deben ser reconocidos como consecuencia directa de violencia sexual y no como hechos aislados. Han exigido que cada caso en el que el presunto padre sea un adulto se investigue penalmente, y han planteado la creación de una Ruta Nacional de Atención Integral para niñas víctimas de abuso, que incluya atención médica, psicológica y jurídica especializada. También propusieron que escuelas, hospitales y oficinas del Registro Civil activen de manera obligatoria protocolos de protección al detectar cualquier embarazo infantil.
Estos nacimientos, lejos de ser estadísticas, evidencian la insuficiencia de las instituciones mexicanas para prevenir y responder de forma efectiva a la violencia sexual contra niñas y adolescentes. La persistencia de estas cifras año con año revela no solo una crisis de derechos humanos, sino una deuda del Estado en materia de justicia, prevención y protección de la infancia.
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KCQ
