El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este miércoles 4 de noviembre que la guerra contra Irán contribuyó a la derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias, en las que los demócratas consiguieron el control del Senado y la Cámara de Representantes. El mandatario admitió que las consecuencias económicas del conflicto, particularmente el incremento en los precios de los combustibles, afectaron a su partido durante la jornada electoral.
Durante una aparición ante la prensa en la Casa Blanca, Trump respondió a las declaraciones de su vicepresidente, JD Vance, quien atribuyó los resultados electorales al rechazo ciudadano hacia la guerra. El presidente consideró que sus señalamientos eran en gran medida ciertos y reconoció que las operaciones militares provocaron un aumento en el precio de la gasolina. Sin embargo, defendió la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero mediante ataques conjuntos con Israel, al sostener que era necesaria para impedir que Irán desarrollara armamento nuclear.

Pese al costo político de la intervención militar, el mandatario aseguró que tomaría nuevamente la misma decisión si tuviera la oportunidad. El conflicto, que continúa después de ocho meses, ha provocado afectaciones al comercio internacional por las restricciones al tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, además de presiones sobre los mercados energéticos. Durante la campaña electoral, candidatos demócratas cuestionaron las consecuencias económicas de la guerra y señalaron el encarecimiento de los productos básicos como una de las principales preocupaciones de los estadounidenses.
Trump también fue cuestionado sobre la posibilidad de que la nueva mayoría demócrata en el Congreso impulse un juicio político en su contra, escenario que consideró perjudicial para la propia oposición. Sus declaraciones ocurrieron durante una visita a las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, proyecto que defendió frente a las críticas recibidas. Con el cambio en la composición del Congreso, el presidente deberá enfrentar una mayor supervisión legislativa durante los últimos dos años de su mandato, mientras persiste la incertidumbre sobre la duración del conflicto con Irán.
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