Cada año, entre septiembre y noviembre, el gobierno federal y la Cámara de Diputados definen cuánto dinero se destinará para escuelas, hospitales, pensiones, partidos, gobierno y obra pública. Así como una familia organiza su presupuesto para todo el año, el gobierno hace lo mismo a través del Paquete Económico.
El Paquete Económico es un conjunto de documentos que el Poder Ejecutivo envía cada año al Poder Legislativo para exponer sus planes de ingresos y gastos. Este se compone de tres documentos básicos. Los Criterios Generales de Política Económica exponen los supuestos con los que se construyen las cuentas públicas, como el crecimiento esperado de la economía o el precio del petróleo. La Iniciativa de Ley de Ingresos detalla de dónde saldrá el dinero del gobierno. Y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación señala en qué se utilizará ese dinero. A ellos se le suma la Miscelánea Fiscal, que reúne ajustes a leyes como la del Impuesto Sobre la Renta, además, en esta ocasión hay dos iniciativas adicionales de la presidenta Claudia Sheinbaum, una ley para regular los pagos digitales y una reforma a la Ley Aduanera contra la subvaluación de mercancías importadas
El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, entregó este paquete al Congreso el pasado 8 de septiembre, y el 15 de septiembre la Comisión de Hacienda y Crédito Público comenzó su respectivo análisis y discusión. Este tema puede parecer lejano, pero no lo es. De este paquete depende cuánto recibirán las personas adultas mayores en su pensión, cuánto dinero llegará a las escuelas y hospitales, y si el gobierno tendrá que pedir prestado para cubrir sus gastos.
Para armar sus cuentas, Hacienda hace algunas proyecciones económicas sobre el futuro. Calcula que la economía crecerá entre 1.5% y 2.5% en 2027. También espera que los precios suban alrededor de 3% en el año (inflación), que el dólar cueste 18 pesos y que el barril de petróleo mexicano se venda en 61.8 dólares estadounidenses por barril. Con esos cálculos, el gobierno espera recibir 9.15 billones de pesos el próximo año. La mayor parte de ese dinero, 6.26 billones, vendrá de los impuestos que pagamos. Del otro lado, planea gastar 10.63 billones de pesos. Como se puede observar, hay una diferencia entre los ingresos y los egresos, a eso se le conoce como déficit fiscal, y para 2027 equivaldría al 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).
Al igual que una familia que gasta más de lo que gana termina recurriendo a un préstamo o a la tarjeta de crédito, un gobierno que gasta más de lo que recauda termina endeudándose para cubrir la diferencia. Ese déficit, solo se puede reducir de dos maneras, aumentando ingresos o reduciendo egresos. La primera vía implica subir impuestos o crear nuevos, mientras que la segunda supone recortar programas y servicios. Por ahora, el gobierno de Sheinbaum eligió una ruta intermedia, mantener las tasas actuales y enfocarse en que quienes ya deberían pagar impuestos, efectivamente lo hagan.
La presidenta ha insistido en que no habrá impuestos nuevos ni gasolinazos, y que la estrategia consiste en combatir la evasión fiscal. Para lograrlo, el plan incluye un límite a las deducciones de empresas con ventas superiores a 50 millones de pesos al año, mayor vigilancia sobre las llamadas empresas factureras, que venden facturas de operaciones que nunca ocurrieron, y mecanismos para dar seguimiento a la venta de gasolina y diésel, con el propósito de frenar el huachicol fiscal, un fraude que en 2025 costó al erario alrededor de 16,000 millones de dólares.
El reto de esta apuesta es que la recaudación ya mostró señales de debilidad este año. Entre enero y mayo de 2026 cayó 1.4% en términos reales, su primera caída en un periodo similar desde 2012. Además, México recauda apenas 18.3% del tamaño de su economía en impuestos, la proporción más baja entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
El paquete también atiende, aunque de forma parcial, el crecimiento de la deuda pública. Su medida más amplia pasó de 28% del tamaño de la economía en 2006 a niveles cercanos al 54% hacia finales de 2026, y Hacienda estima que llegará a 55% en 2027. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria calificó este paquete como realista pero vulnerable, ya que cualquier cambio brusco en las tasas de interés, el precio del dólar o el petróleo podría complicar los planes de Hacienda.
El Paquete Económico 2027 confirma que el gobierno prefiere ganar tiempo antes que tocar de fondo el sistema tributario. Cobrar mejor puede aliviar la presión durante un año más, pero no resuelve de fondo el problema. Tarde o temprano, será necesaria una reforma fiscal más amplia.
El paquete todavía no es definitivo. Antes de convertirse en ley, debe pasar por varias etapas dentro del Congreso. Todo comenzó el 8 de septiembre, cuando el gobierno dio a conocer el paquete completo. A partir de ahí, el reloj legislativo empieza a correr, con el 20 de octubre como fecha límite para que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Ingresos de la Federación 2027, y el 31 de octubre como plazo máximo para que el Senado haga lo mismo. Después, la Cámara de Diputados tendrá hasta el 15 de noviembre para dar luz verde al Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Si todo avanza conforme a este calendario, el Paquete Económico entrará en vigor el 1 de enero de 2027, marcando el inicio del nuevo año fiscal.
Mateo de Jesús Audelín Mayo Gómez
