El Gobierno de México condenó y rechazó enérgicamente las acciones militares ejecutadas de manera unilateral por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos ubicados en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, al considerar que constituyen una clara violación al artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un posicionamiento oficial, México subrayó que, conforme a sus principios históricos de política exterior y a su vocación pacifista, hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de las controversias, reiterando su rechazo a cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolano.
La postura mexicana recordó que América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, construida sobre el respeto mutuo entre los Estados, por lo que cualquier acción militar externa pone en riesgo la estabilidad regional y abre escenarios de escalada con consecuencias imprevisibles.
Asimismo, el Gobierno de México reafirmó que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver diferencias entre naciones, manifestando su disposición para apoyar esfuerzos de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuyan a preservar la paz regional y evitar una confrontación mayor.
México también instó a la ONU a actuar de manera inmediata para contribuir a la desescalada de tensiones, facilitar el diálogo entre las partes y generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.
En el plano consular, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, a través de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá comunicación permanente con las personas mexicanas residentes en ese país, a fin de brindar asistencia y orientación ante cualquier eventualidad.
El mensaje implícito de Estados Unidos y el precedente regional
Más allá del hecho concreto, el posicionamiento de México adquiere relevancia por el mensaje geopolítico implícito que podría estar enviando Estados Unidos a la región: la narrativa de señalar a gobiernos o actores políticos como vinculados al narcotráfico o al crimen organizado para legitimar acciones de fuerza o intervenciones extraterritoriales.
Este enfoque representa un precedente delicado para América Latina, donde el uso de señalamientos unilaterales podría convertirse en una herramienta de presión política, diplomática o incluso militar, debilitando los marcos multilaterales y el derecho internacional.
Para México, el riesgo no es menor. En un contexto donde el combate al narcotráfico es un tema sensible y permanente, aceptar o normalizar este tipo de acciones podría abrir la puerta a interpretaciones que justifiquen intervenciones externas, afectando la soberanía nacional y el equilibrio en la relación bilateral.
Para América Latina, la acción refuerza un escenario de reconfiguración de poder, donde la fuerza sustituye al diálogo y se erosiona la arquitectura regional de paz construida durante décadas. La región, históricamente golpeada por intervenciones externas, observa con preocupación cualquier ruptura de estos consensos básicos.
La postura de Claudia Sheinbaum: firmeza diplomática y continuidad histórica
La postura asumida por la presidenta Claudia Sheinbaum se inscribe en una línea de firmeza diplomática, coherencia y continuidad con los principios constitucionales de la política exterior mexicana: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de los conflictos.
Lejos de una confrontación retórica, el mensaje de México es claro: defender el derecho internacional no es respaldar gobiernos, sino proteger reglas comunes que evitan el caos, la guerra y la imposición del más fuerte. En ese sentido, la postura de Sheinbaum fortalece el perfil de México como un actor responsable, mediador y comprometido con la paz regional, en un momento de alta tensión internacional.
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*NOTA REDACTADA EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO PERSONAL DE GRACIELA BRAVATA*
