La ejecución de una obra sin autorización por parte de una empresa provocó daños en dos estructuras habitacionales precolombinas en el municipio de Kinchil, sin que se viera comprometido el núcleo central de la zona arqueológica de Tzemé, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que actualmente desarrolla un procedimiento administrativo de investigación para el deslinde de responsabilidades.
El encargado del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Yucatán, Alejandro Escobedo Escalante, explicó que al concluir el procedimiento se definirán las acciones legales correspondientes ante el posible daño al patrimonio arqueológico, las cuales pueden ir desde una sanción administrativa hasta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Detalló que, tras la denuncia presentada por ejidatarios de Kinchil, el INAH adoptó como primera medida la suspensión de la obra, derivada de una visita de verificación en la que se constató el avance de los trabajos y se realizó el peritaje técnico por parte de un arqueólogo especializado.
Como resultado de dicha inspección, se determinó que el área central del sitio arqueológico de Tzemé se localiza a aproximadamente 700 metros del punto donde se llevaron a cabo los trabajos de la empresa, por lo que no se registraron afectaciones directas al núcleo principal del asentamiento.
No obstante, días después se efectuó una segunda visita de verificación, derivada de una denuncia por la presunta continuación de los trabajos pese a la suspensión impuesta por la autoridad federal. En esta inspección, el personal del INAH constató que no había obra en curso ni presencia de maquinaria, por lo que se levantó el acta correspondiente, misma que fue incorporada al juicio administrativo.
El funcionario señaló que el procedimiento administrativo, que se desarrolla en forma de juicio, contempla una etapa probatoria y de alegatos, con el objetivo de arribar a una resolución sustentada en las pruebas técnicas recabadas.
“Actualmente nos encontramos en la etapa probatoria, en la que se reciben las pruebas periciales, mismas que servirán de base para determinar las acciones legales al final del procedimiento”, puntualizó.
Agregó que, una vez concluido el peritaje, se definirán las sanciones aplicables conforme a la ley, que pueden consistir en una multa administrativa o, en el escenario más grave, la presentación de una denuncia penal ante la FGR por la destrucción de vestigios arqueológicos.
Respecto a la postura de la comunidad de Kinchil, que promovió un juicio de amparo y señaló al INAH como autoridad responsable, el funcionario indicó que se trata de un derecho legítimo de los ciudadanos.
Finalmente, se excusó de proporcionar mayores detalles sobre el caso, al señalar que el proceso continúa en curso, por lo que será hasta la emisión de la sentencia pública cuando se dé a conocer información adicional.
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