El Congreso del Estado de Chiapas aprobó una nueva ley que garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo a niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso o violación sexual.
Durante la sesión, las y los legisladores discutieron la iniciativa que busca regular y asegurar la atención médica gratuita, segura y con perspectiva de género, en las instituciones del Sistema Estatal de Salud, para quienes decidan interrumpir un embarazo producto de una agresión.
La diputada Andrea Negrón destacó que esta legislación pretende evitar que las víctimas enfrenten embarazos forzados por omisiones o silencios institucionales.
“Ninguna niña o adolescente debe revivir el trauma de una violación para acceder a un servicio médico que ya le corresponde por derecho”, subrayó.
La ley establece que, en caso de que una víctima solicite la interrupción del embarazo, las autoridades deberán notificar de inmediato al Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente, al considerar que el embarazo infantil no es una elección, sino la consecuencia de un delito.
Embarazo infantil en cifras
Chiapas mantiene una de las tasas más altas de embarazo infantil en el país. Tan solo en 2022, más de 8 mil 700 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, la mayoría como resultado de violencia sexual, según expuso la diputada Negrón.
Por su parte, la legisladora Rosalinda López Sánchez señaló que en el estado solo el 40% de los partos ocurren en hospitales y la prevalencia anticonceptiva entre adolescentes es del 38%, lo que agrava problemas como la mortalidad materna, el abandono escolar y la pobreza intergeneracional, especialmente en comunidades indígenas.
Con esta aprobación, Chiapas da un paso hacia el reconocimiento del derecho a decidir de las niñas y adolescentes víctimas de violación, y se suma a las entidades que buscan garantizar una atención digna y libre de criminalización.
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KCQ
