La construcción de una sociedad democrática requiere que las personas nos involucremos en la discusión de los temas públicos. Así sucede con las reformas a la Ley de Amparo y la Reforma Electoral.
En este último caso, tanto el Senado de la República como la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral abrieron espacios para que cualquier persona pueda participar, expresar su postura y compartir propuestas sobre los cambios que se avecinan en las leyes del país. Estos ejercicios son importantes para construir mejores normas e instituciones, pero también para manifestar nuestras inquietudes.
En el Senado de la República, posterior a una convocatoria abierta, participaron personas abogadas, así como juzgadoras y exjuzgadoras federales. Se aportaron propuestas para modificar la redacción de artículos que causaban inquietudes en el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado o en los alcances del interés legítimo.
Después del debate parlamentario, se hicieron ajustes a la iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, subsisten algunos artículos que generan inquietudes en sectores de la sociedad, quienes llaman a reconsiderar las nuevas limitantes que, desde el Legislativo, se buscan imponer a la pausa de los actos de molestia que causan las autoridades.
Por otro lado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral continúa con sus audiencias públicas. Cualquier persona puede enviar propuestas e, incluso, comparecer de manera presencial. El trámite es completamente abierto y puede seguirse desde el portal: https://www.reformaelectoral.gob.mx.
El pasado 1º de octubre se llevaron a cabo dos audiencias: una en Quintana Roo y otra en Ciudad de México. Esto es importante porque cualquier persona puede proponer ideas a los integrantes de la Comisión, para que sean valoradas de cara a la construcción de la iniciativa presidencial que se presentará el próximo año.
Estos son dos ejemplos de las herramientas que, como sociedad, tenemos al alcance para participar en la construcción de la política nacional. Esto, más allá de votar cada tres o seis años.
Sin embargo, ejercer nuestro derecho a participar en la vida pública implica reconocer una verdad incómoda: aunque todas las manos pueden alzarse y todas las voces deberían escucharse, no todas harán eco o serán reconocidas en el resultado final.
Aun así, el valor de estos ejercicios está tanto en el proceso como en su desenlace. Incidir en la transformación de nuestras instituciones requiere resiliencia, templanza y perseverancia.
