La tala ilegal continúa siendo uno de los delitos ambientales más graves en Chiapas, donde la deforestación avanza a un ritmo aproximado del 2.4% anual. Este fenómeno provoca pérdida de bosques y selvas que son fundamentales para la captación de agua, la regulación del clima y el resguardo de especies de flora y fauna.
Las selvas de la región, desde la Lacandona hasta las montañas de Los Altos, enfrentan la extracción clandestina de especies como cedro, caoba, pino, roble y tzalam, utilizadas en carpintería, construcción y producción de carbón.
Operativos recientes
Durante 2025 se han realizado decomisos en municipios como Altamirano, Ocosingo, Las Margaritas y Tuxtla Gutiérrez, donde se aseguraron cargamentos de madera y se clausuraron aserraderos clandestinos. Estas acciones buscan frenar el tráfico ilegal que opera desde la tala en los bosques hasta el transporte y venta en mercados locales y foráneos.
Impacto ambiental y social
El avance de la deforestación no solo afecta los ecosistemas, también incrementa la vulnerabilidad de comunidades rurales ante sequías e inundaciones. Además, especialistas señalan que la tala ilegal favorece la expansión de economías ilícitas que deterioran el tejido social en varias regiones del estado.
Con ello, Chiapas enfrenta uno de los mayores retos ambientales de su historia: preservar sus bosques y selvas frente a la presión del mercado ilegal de madera.
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