Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, académicos y defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación por la situación legal de Luis García Villagrán, reconocido activista en favor de las personas migrantes. Exigieron que en la audiencia de vinculación a proceso, programada para el 11 de agosto, se respete de manera irrestricta el debido proceso.
García Villagrán fue detenido el 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, acusado de delincuencia organizada en la modalidad de tráfico de personas. Según las organizaciones firmantes, su caso ha sido objeto de criminalización desde la tribuna presidencial, lo que constituye —advirtieron— una grave violación al principio de presunción de inocencia y ejerce indebida presión sobre el proceso judicial.
Los colectivos recordaron que el defensor, beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2019, ha enfrentado amenazas y riesgos por su labor en la frontera sur. También señalaron que, en 2007, fue víctima de tortura y violaciones procesales en otro caso penal, del que fue liberado tras un acuerdo amistoso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Red TDT, la Red Jesuita con Migrantes México, el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero Ciudad de México y el Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C., entre otras. Coincidieron en que el caso refleja un patrón global de criminalización contra quienes defienden derechos humanos, en el que se confunde la labor solidaria con delitos graves.
Las demandas incluyen:
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El cese de toda narrativa oficial que lo condene sin juicio previo.
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La actuación independiente de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial.
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La liberación inmediata del activista si no existen pruebas claras que justifiquen su detención.
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KCQ
