La administración del expresidente Donald Trump presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles por considerar que sus políticas de “ciudad santuario” interfieren con la aplicación de las leyes migratorias federales.
La acción legal fue presentada en el Distrito Central de California y nombra como acusados a la alcaldesa demócrata Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson. Según el documento, la ciudad habría comenzado a fortalecer su estatus como ciudad santuario tras la victoria electoral de Trump en 2024, como respuesta a su plataforma de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
El principal blanco de la demanda es la ordenanza ‘Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement’, firmada por Bass en diciembre de 2024. Esta legislación impide que agencias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), utilicen recursos municipales en operativos migratorios o detenciones dentro de la jurisdicción de Los Ángeles.
“El objetivo de esta ordenanza es obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración”, asegura el escrito legal, que también acusa a la ciudad de fomentar un “ambiente anárquico e inseguro”.
En un comunicado, el fiscal federal Bill Essayli del Distrito Central de California declaró: “Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la ley, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la Ciudad ha contribuido a un entorno anárquico que esta demanda ayudará a erradicar”.
La demanda también señala que Los Ángeles habría negado recursos y colaboración a autoridades federales, incurriendo incluso en discriminación contra el gobierno federal, y fomentando actos de resistencia y disturbios durante operativos migratorios recientes, incluyendo episodios de violencia contra agentes federales. Además, acusa al gobierno local de obstrucción a la justicia.
Este proceso legal se da en medio de la cuarta semana consecutiva de operativos migratorios federales en California, que han provocado múltiples protestas. En respuesta, el presidente Trump ordenó el despliegue de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, sin contar con la autorización del gobernador del estado, una medida inédita en seis décadas.
Cabe señalar que, aunque la ciudad fue oficialmente declarada «ciudad santuario» en 2024, la Policía de Los Ángeles mantiene desde hace casi 50 años una Orden Especial que prohíbe a los agentes detener o interrogar a personas únicamente para verificar su estatus migratorio.
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