Autoridades jurídicas y políticas italianas, organismos de la industria de la moda y sindicatos firmaron el lunes un plan de acción para luchar contra la explotación de los trabajadores en la cadena de suministro de prendas de vestir y accesorios, después de que la fiscalía descubriera abusos generalizados. Italia concentra la mitad de la producción mundial del sector de la moda de lujo.
El plan, que no es jurídicamente vinculante, es un intento de hacer frente a lo que los fiscales de Milán han descrito en documentos vistos por Reuters como «un método de fabricación generalizado» que pone vidas en peligro para aumentar las ganancias.
En junio del año pasado, un tribunal de Milán propuso un primer borrador del plan, después de que los fiscales descubrieran talleres en los que trabajadores mal pagados, a menudo inmigrantes irregulares, fabricaban bolsos de piel que se vendían a Dior y Armani por una ínfima parte de su precio de venta al público.
Este mes, un tribunal italiano ha puesto bajo administración judicial durante un año a una unidad de Valentino, tras descubrir abusos a los trabajadores en su cadena de suministro.
«El objetivo es que el tribunal ya no tenga que intervenir», declaró a los periodistas Fabio Roia, presidente del Tribunal de Milán, al margen de la firma del memorándum.
El memorándum de acuerdo -revisado por Reuters- se centra en la creación de una base de datos de los proveedores de las marcas y su mano de obra.
Las empresas de la cadena de suministro introducirán voluntariamente sus datos en la plataforma, incluida información sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, las cotizaciones a la Seguridad Social y la legislación laboral, con actualizaciones al menos cada seis meses.
Según el acuerdo del lunes, las marcas de moda deben comprometerse a dar a conocer la nueva plataforma entre sus proveedores e instarles a que introduzcan sus datos. Sin embargo, podrán seguir recurriendo a proveedores y subcontratistas que no lo hagan.
El gobierno regional de Lombardía, en los alrededores de Milán, expedirá a las empresas que se adhieran al sistema un certificado de transparencia renovable por seis meses.
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