En la madrugada del miércoles 14 de agosto, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue trasladado de la prisión del Altiplano a su domicilio en Puebla para cumplir prisión domiciliaria. Este cambio en su situación se produjo después de que una jueza federal, Angélica del Carmen Ortuño Suárez, determinara que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó suficientes elementos para justificar su permanencia en prisión. La decisión sigue a una sentencia de amparo que revocó la medida cautelar anterior.
La jueza impuso nuevas condiciones para Mario Marín, incluyendo el uso de un brazalete electrónico, vigilancia constante en su domicilio, y la prohibición de salir de Puebla y del país. Además, Marín deberá presentar una garantía económica de cien mil pesos y se le prohibió acercarse a la periodista Lydia Cacho. Estas medidas buscan asegurar que el exgobernador cumpla con las obligaciones legales mientras continúa su proceso judicial en libertad condicionada.
